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Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución

Por en Noviembre 26, 2019

El 15 de noviembre de 2019 es una fecha que puede entrar a la historia de Chile, pues es primera vez en que las distintas fuerzas políticas -al menos las más representativas de la actual política institucional- alcanzan un Acuerdo que permitiría, en forma inédita, preguntarle a la ciudadanía directamente si quieren o no una Nueva Constitución. Y no solo eso, si no que además se ha establecido una hoja de ruta que involucraría una eventual convención o asamblea constituyente en donde el pueblo puede elegir derechamente a los miembros encargados de su redacción y un plebiscito final en que nuevamente la ciudadanía se pronunciará sobre la aprobación o rechazo del nuevo texto constitucional.

Con esto, Chile dejaría en el pasado su larga historia de Constituciones impuestas por dictaduras y gobiernos autoritarios, abrazando -para bien o para mal- una nueva carta fundamental que represente a la ciudadanía en general y no solo a la élite de turno.

Sin embargo, de este Acuerdo también surgen una serie de preguntas. Qué es, en qué consiste, los compromisos son obligatorios, cómo se enmarca esto dentro de nuestra actual Constitución, qué significa partir de una hoja en blanco, y cómo es eso que se requiere de dos tercios para llegar a acuerdo. Todas estas preguntas y algunas reflexiones más, en este video.

Para comenzar, hay que señalar que el denominado “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, es un pacto concebido como un instrumento para darle salida a una crisis social y política acaecida a mediados de octubre de 2019 en nuestro país. Como tal, no engendra obligaciones jurídicas que puedan luego exigirse su cumplimiento ante un juez o un tribunal, y por lo tanto los compromisos políticos allí consignados solo obligan a la moral de sus suscriptores.

También cabe consignar que el Acuerdo explicita que se trata de una salida institucional al conflicto, sin embargo, si uno revisa con detención los 15 capítulos de la Constitución, nos percataremos que la carta de navegación que plantea dicho documento no aparece expresada en nuestro texto constitucional. Es más, nuestra carta fundamental no dispone de ningún mecanismo para engendrar una nueva Constitución, sino que simplemente regula el procedimiento para introducirle modificaciones a su actual texto, en su Capítulo XV referido a la Reforma a la Constitución. Por lo mismo, puede afirmarse que nuestra actual institucionalidad no contempla los mecanismos alcanzados en el acuerdo, sobre todo si lo que se pretende es comenzar desde una hoja en blanco.

Sin embargo, eso no significa que pueda materializarse de alguna forma institucional, y es por ello que se pacta constituir además una Comisión Técnica que resuelva todos los aspectos necesarios para darle viabilidad a lo acordado en dicho documento. Es probable que para que aquello ocurra deban introducirse modificaciones a nuestro actual texto constitucional que contemple y regulen expresamente los plebiscitos y las entidades expresadas en el acuerdo -vale decir la Convención Constituyente o la Convención Mixta, y explicitar que para la generación del nuevo texto fundamental no se considerará el actual texto constitucional-.

La regulación de todo el procedimiento propuesto conforme a nuestra actual legislación es lo único que nos puede dar certeza de legitimidad tanto en la sustancia, como en lo formal. Lo primero se logra haciendo participar a toda la ciudadanía como titulares de la soberanía nacional, y lo segundo se logra estableciendo una regulación que le dé certeza jurídica al proceso, cuidando sobre todo que la participación ciudadana se apegue a los estándares democráticos modernos, y para ello es necesario que esto sea seguido y sancionado por la justicia electoral. Solo entonces los pecados originales de los que adolece nuestra actual Constitución, cuando se dice que es ilegítima, pueden ser expiados una vez por todas.

Una vez todo eso resuelto, y suponiendo que el cronograma establecido se respete en todo momento, en abril de 2020, Chile será convocado a un plebiscito de entrada en el cual se consultará si queremos mantener el actual texto constitucional o si queremos uno nuevo. De mantener la actual Constitución, allí todo concluye. Sin embargo, si la opción que se impone es la que nos permitirá ser parte de la construcción de una nueva ley fundamental, entonces se deberá optar entre una Convención Constituyente o una Convención Mixta.

En derecho comparado se denomina “Asamblea Constituyente” a toda instancia formal en que participan representantes populares elegidos democráticamente con el mandato único para ser parte de la reflexión y confección de una nueva carta fundamental. Probablemente por razones políticas se decidió utilizar en el Acuerdo el concepto “Convención Constituyente”, pero en los hechos y en doctrina ambos conceptos pueden utilizarse indistintamente. Por ende, no hay que alarmarse, cuando se hable de Convención Constituyente se está hablando de Asamblea Constituyente.
Por otra parte, la modalidad denominada “Convención Mixta” es una mezcla entre Asamblea Constituyente y un Congreso Constituyente. Esta formulación estaría compuesta en parte por representantes populares electos exclusivamente para esta tarea, y otra parte por miembros del poder legislativo. De acuerdo con el cronograma de trabajo entregado en el Acuerdo, los representantes de la ciudadanía se elegirían en octubre de 2020, conforme a las reglas que actualmente se eligen a los Diputados.

Sea como sea la modalidad de trabajo, uno de los aspectos más destacables del acuerdo es que la confección del nuevo texto constitucional partiría de cero, o como han dicho varios, desde una hoja en blanco. Esto significa en buen chileno que se hará la vista gorda de la Constitución actual, y esta no sería considerada ni siquiera para salvar las omisiones o vacíos que podrían producirse en la nueva Constitución. Jurídicamente hablando, el nuevo texto derogaría orgánicamente -vale decir, lo eliminaría como un todo- a la Constitución de 1980.

Un punto que ha sido altamente cuestionado son los famosos dos tercios para lograr acuerdo. Esto significa que, cada vez que haya que incorporar algo a la Constitución, dos terceras partes de los miembros de la Convención Constituyente o Convención Mixta -vale decir el 66,6% de los integrantes- tienen que estar de acuerdo. De otro modo, ese contenido se excluye. El debate se ha planteado como si fuera esto fuera una herramienta de veto impuesto en la negociación por parte de la derecha a aquellos contenidos que pudiendo ser mayoritarios sean desechados por no ser del agrado de ese sector político.

Sin embargo, hay poca claridad con respecto al verdadero efecto de no llegar a acuerdo. Mientras algunos vaticinan que los aspectos no regulados serán materias de ley, otros sostienen que, tratándose de tópicos estrictamente constitucionales, podría llegar a hacer frustrar la instancia, funcionando en ese caso como un veto.

Como sea, en caso de que la Convención prospere, esta herramienta (los dos tercios) será utilizada para construir una Constitución minimalista, cuyo contenido esencial no favorecerá a ningún sector político en específico, y, por el contrario, serán parte de él solamente las cuestiones respecto a las que haya un amplio consenso. Es por ello que sería esperable que los sectores más liberales utilizarán esta herramienta para excluir, por ejemplo, el reconocimiento constitucional de derechos sociales que representen un gran costo económico para el erario nacional, mientras que los sectores más progresistas la emplearán para excluir el rol secundario o subsidiario del Estado frente a las necesidades sociales. En conclusión, lo que finalmente quede en ese texto definitivo, por muy escuálido que sea su contenido, es algo que podremos llamar la casa común. Y a diferencia de lo que ocurre con las Constituciones maximalistas -que intentan resolver todos los problemas que pueden llegar a presentarse y que desarrollan en abundancia los principios e instituciones jurídicas que regulan, siendo en general de enormes dimensiones- esto traerá como consecuencia un ordenamiento jurídico más dinámico, pues las materias de ley -que son más fáciles de cambiar, por los procedimientos y por las mayorías que se requieren para aprobarse- no estarán tan acotadas por la Constitución.

Lo que si es necesario transparentar, es que una Constitución confeccionada bajo estos términos, frustrará probablemente a aquellos que tenían las expectativas que un nuevo texto constitucional se ocupará de resolver las necesidades sociales inmediatas, como lo son el derecho a una pensión digna, o a una educación o salud gratuita y de calidad. Con las mayorías exigidas es difícil que cuestiones de esa índole lleguen finalmente al texto definitivo, y aun si llegaran, hay que señalar que no por el hecho de volverse una norma jurídica, las necesidades sociales desaparecerán. Sin embargo, los invito a ver el vaso medio lleno. La Constitución será despojada de sus revestimientos ideológicos y en particular esa mirada ultra-conservadora en lo moral y ultra-liberal en lo económico desde donde fue concebida, y lo que resulte de todo este proceso será algo más representativo de la realidad nacional, y por ende, más legítimo. También tengamos la esperanza que el sistema normativo de paso a un sistema político, social y económico más solidario y justo para todos. Y finalmente pensemos que todo este proceso que inicia cerrará, en forma inédita, con un plebiscito final en donde podremos decir por vez primera si aprobamos o no una Constitución hecha por nosotros y para nosotros.

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