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La importancia de una nueva Constitución

Por en Noviembre 18, 2019

Qué es la Constitución, qué es la Asamblea Constituyente, y cuál es su importancia, son preguntas que muchos de ustedes pueden estar haciendo y vamos a tratar de responderlas en este video.

Comencemos con ¿Qué es la Constitución? Como muchos de ustedes sabrán la Constitución Política es la ley fundamental del Estado. Es nuestra carta magna. En ella se organiza el Estado y se regulan sus principales órganos, se establece la forma de Gobierno, y, asimismo, se reconocen una serie de derechos fundamentales a todas las personas -que también son llamadas bajo la denominación “garantías constitucionales”-.

En este catálogo de garantías encontramos algunos que son de vital importancia como lo son el derecho a la vida, el derecho a la honra, el derecho a expresarnos libremente, el derecho a la educación, al ser tratados todos como iguales, entre muchos otros.

Nuestro texto constitucional se encuentra a la cabeza de la pirámide jerárquica del ordenamiento jurídico. Ninguna ley, ningún decreto puede contradecir lo que la Constitución dice. Todas las demás normas que se dicten, ya sea por el Congreso o por el Ejecutivo deben supeditarse a lo que nuestra carta magna diga.

Si por A, B o C motivo alguna ley contraviene lo que la Constitución dice, esta puede ser declarada Inconstitucional o inaplicable y por ende sus normas no serán obligatorias.

Dicho lo anterior, pregúntense qué es la Asamblea Constituyente.

Técnicamente, es una instancia en donde puede generarse una nueva Constitución Política con la participación directa de la ciudadanía o por medio de representantes elegidos para ello, PERO -y esto es importante- es una instancia que no está reconocida por nuestro actual texto constitucional. No existe. Nuestra Constitución -que entró en vigencia en 1980- no establece ninguna regla o procedimiento del cual pueda emanar una nueva Constitución, sino que, solamente establece la forma en que la misma Constitución puede reformarse, pero no un nuevo texto constitucional.

Es por ello que algunos piden una reforma a la Constitución y que se reconozca la Asamblea Constituyente. Ahora bien, de qué sirve tener una Asamblea Constituyente. ¿De dónde sale esa idea?

Como sabrán nuestra actual Constitución fue impuesta en 1980, en plena dictadura militar. Si bien se hizo un plebiscito para darle cierta legitimidad, lo cierto es que ese referéndum no se apegó a estándares democráticos, porque en aquel entonces no existía ni padrón ni justicia electoral, toda oposición al régimen estaba siendo perseguida, torturada, muerta o exiliada. Todo el proceso, desde que abrieron las urnas, el conteo de votos hasta la publicidad de los resultados estuvo totalmente controlado por la Junta Militar. Solo hubo campaña publicitaria para favorecer su aprobación y no se dio espacio a quienes pudieron haberse opuesto, y, aun así, para llegar a los dos tercios de los votos se tuvo que sumar los votos blanco a la opción sí.

En palabras simples, no hubo fair play, y así como todas las Constituciones que Chile ha tenido en el pasado, en particular la de 1833 y la de 1925, esta fue impuesta por el régimen autoritario de turno.

Y por qué todo esto es importante. Bueno, es muy importante. Es tremendamente importante, porque la Constitución, entendida como un pacto social primario, es un texto que se da la sociedad y en donde entre todos nosotros nos ponemos de acuerdo en las cuestiones más fundamentales del Estado, y toda Constitución se sostiene y sustenta del consenso o convencimiento generalizado que el sistema que nos hemos dado es legítimo. Si los gobernados, vale decir todos nosotros, perdemos la confianza en la Constitución, el Estado de Derecho se vuelve frágil.

Las personas, al pedir Asamblea Constituyente, piden ser parte de la reflexión que antecede y valida el pacto social originario. El excluir a la ciudadanía de esta discusión contradice lo que la misma Constitución dicta, cuando dispone que “la soberanía radica esencialmente en la Nación”. Esto, en buen chileno, significa que el pueblo manda.

Por tanto, si el pueblo manda, entonces que seamos nosotros mismos los que decidamos sobre la Constitución y su contenido para que sea legítima, y es eso lo que están pidiendo los que levantan la Asamblea Constituyente.

Y ustedes se preguntarán ¿Cuán significativo es ser parte de este debate?, ¿va a cambiar sustancialmente el texto actual?

Esto último no lo sabemos. Probablemente si se hace una Asamblea Constituyente el contenido de nuestra Constitución se modifique, se reconozcan o aseguren derechos a las personas que hoy están ausentes, o puede ser que cambien algunos principios que sustentan el actual modelo, o la estructura o atribuciones de algunos cargos u órganos públicos.

De esto podríamos hablar en otro video, pero es difícil que el texto se mantenga como está si llega a haber una Asamblea Constituyente, sin embargo, aún en ese caso, en el evento en que no se mueva una coma, el poder participar de la generación es fundamental. El solo hecho de ser parte del debate es trascendental, pues hay que entender que la Constitución no solo comprende las normas y derechos fundamentales que se expresan en el texto definitivo, sino que además los principios y motivaciones que inspiran su redacción, que pueden o no estar transcritos en el documento final.

Dicho de otro modo, la Constitución una vez que se dicta no se independiza totalmente de sus autores, y por lo mismo, las justificaciones que ellos tuvieron a la vista para dictar tal o cual regla, aun son consideradas para interpretar la Constitución por parte de los Tribunales. Es como si Jaime Guzmán siguiera vivo entre sus páginas y los tribunales tuviesen que seguir preguntándole que quiso decir cuando escribió la Constitución. Todo esto es porque la historia de la ley sigue siendo un elemento importante para desentrañar el verdadero sentido y alcance del texto constitucional.

A modo de ejemplo, sabemos que la Constitución reconoce la garantía de igualdad ante la ley, y, es más, el Artículo 1° dispone que que nosotros nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Y alguien podría suponer razonablemente que aquel reconocimiento permitiría, entre otras cosas, el matrimonio homosexual. Porque si somos todos iguales, no habría ninguna razón para pensar que solo algunos pueden casarse y otros no. Y eso, que puede parecer muy lógico, y en esto me incluyo, en realidad no es tan así, porque las veces que la comunidad LGTB ha pedido que se declare inconstitucional el Artículo 102° del Código Civil que define el matrimonio como aquel celebrado exclusivamente entre un hombre y una mujer, El Tribunal Constitucional ha dicho NO. ¿Y por qué, si somos todos iguales?

Aquí es donde aparece la trampa. La forma en el Tribunal Constitucional que llega a esa conclusión, lo ha fundado, entre otras cosas a lo que se dijo o no en la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución -también llamada Comisión Ortuzar, que fue integrada por varias personas, entre ellas Jaime Gúzman-. Esta Comisión fue creada después del Golpe de Estado a Salvador Allende en 1973 y sesionó hasta 1978, entregando a la Junta Militar un anteproyecto que antecede a la Constitución de 1980. En las Actas de esta Comisión se desprende que el tipo de “familia” que protege la Constitución en su Art. 1° es el que está basado en el matrimonio heterosexual que tiene la aptitud de procrear y no otros tipos, y de ahí se entiende que no existe inconstitucionalidad en reglar matrimonios en donde hay diversidad de sexos y no permitir los que no tienen esta cualidad.

En casos como estos, salta a la vista la importancia de ser parte del debate, pues no solo es importante en la Constitución lo qué se expresa, sino también el por qué se dijo de esa forma, pues con esos antecedentes se puede interpretar adecuadamente el texto fundamental.

Porque a fin cuentas, el componente más ideológico de nuestra Constitución, de nuestro actual modelo político, social y económico, no está en los 129 artículos que componen este librito, sino que en la reflexión previa que la legitima y la valida como base fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, y que hasta el día de hoy sirve como herramienta interpretativa para darle aplicación a nuestra carta fundamental.

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