Columnas

Derecho penal y medio ambiente

Por en Septiembre 24, 2019

Publicada en EMOL el 23.09.2019 y destacada en la página principal al día siguiente.

Resulta curioso que a pesar del inusitado interés de la cuestión ambiental este último tiempo, la proximidad de la COP 25 que se desarrollará en diciembre de este año, el anuncio que el Presidente Sebastián Piñera ha obtenido un premio por su liderazgo para afrontar el cambio climático, la grave sequía que enfrenta nuestro país y que ha obligado a declarar emergencia agrícola por escasez hídrica en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y 17 comunas de la Metropolitana, y el profundo debate que está generando el proyecto de carretera hídrica y las iniciativas para la generación de plantas desaladoras en las zonas costeras, aun no tengamos en nuestra legislación penal un texto que tipifique y sancione genéricamente los delitos ambientales.

Es más, de un examen rápido de nuestro catálogo penal podremos advertir que los delitos que resguardan bienes jurídicos de relevancia ambiental se encuentran tangencialmente reconocidos en nuestro ordenamiento (como el delito de incendio que protege más bien el patrimonio particular y no el patrimonio ecológico; o la contaminación de cuerpos hídricos que ampara con mayor claridad la salud pública y no la biodiversidad) y desperdigados en diferentes leyes especiales (como la caza de cetáceos que se encuentra en la Ley de Pesca o el tráfico ilegal de especies protegidas en la Ley de Caza).

Y, por el contrario, es notable la ausencia de normas penales que protejan el aire y la atmósfera en forma genérica; o el suelo y los espacios naturales; o el mar o los glaciares; la desviación y secuestro de cuerpos de agua o, en general, legislación penal que ampare los cuerpos de agua interiores (ríos, lagos y acuíferos) que no se utilicen para el consumo humano; o normas que protejan la biodiversidad y, en particular, de la flora y fauna silvestres; o algo aun más evidente como lo serían los incumplimientos de planes de manejos o conductas que vulneren las medidas que derivan de un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, o, aun más trivial, no someterse al Sistema de Evaluación Ambiental cuando se está en la obligación de hacerlo.

Resulta evidente entonces que los esfuerzos del legislativo y ejecutivo deben intensificarse en esta materia, de modo tal que el premio que reciba el Gobierno y el honor que como país debemos sentir por recibir un evento de tanta trascendencia como la COP 25 se justifique de algún modo. Más que mal, ya debería haber cierto consenso que –en el mediano y largo plazo– es más peligroso y dañino el derramar petróleo en una bahía, contaminar una siembra, destruir un glaciar o crear un vertedero clandestino, que un delito de injurias o un giro doloso por falta de fondos.
Es cierto que hay un par de proyectos de ley que buscan resolver parcialmente esta problemática, elevando la sanción estatal a su máxima expresión y sistematizar en lo posible el derecho penal ambiental, sin embargo, tal esfuerzo no se condice con la premura que exigen las actuales circunstancias.

Espero que con la llegada de la joven Greta Thunberg a Chile el tema se aprecie en su real dimensión e impulse a los legisladores y Ejecutivo -ya sea por súbita conciencia sobre el problema o el más despreciable sentido de oportunismo- a acelerar el debate, poner las urgencias que corresponde, y tengamos un texto legal que nos permita afrontar de mejor manera la crisis climática que esta lejos de ser pasajera.

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