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Riqueza financiera: El desafío para mantener vivo el espíritu de Bello.

Por en Marzo 9, 2015

1829. Andrés Bello pisaba tierra en las costas de Valparaíso para acabar la tarea iniciada tímidamente por su amigo y anfitrión, don Mariano Egaña. La invitación era concluir el trabajo más grande que un codificador hispanoamericano se haya dado desde Alfonso X. Esto es generar un cuerpo de derecho que organizara y protegiera adecuadamente la relación entre las personas en su dimensión como particulares y la de éstos con la propiedad. El Código Civil iniciaba su etapa gestacional y Andrés Bello principiaba una hazaña jurídica que le tomaría 25 años concluir.

Andrés Bello no era un simple compilador. Era un hombre brillante y un liberal declarado. Y una de sus principales preocupaciones era proteger y regular la riqueza del país, la que en ese minuto se manifestaba por medio de la tenencia material y jurídica de la tierra. Debemos recordar que durante el siglo XIX, el prestigio personal, las relaciones sociales y los derechos políticos se medían respecto de la propiedad inmobiliaria, siendo esta el gran criterio atribuidor y generador de riqueza.

Con ese espíritu, Bello concentró sus energía en crear un estatuto jurídico especial respecto de los bienes raíces, que permitiese tener seguridad jurídica con respecto a la posesión y dominio de los mismos, lo que logró exigiendo la inscripción en un registro único y público, y al mismo tiempo creo reglas especiales de la forma en que este tipo de propiedad pasaba de mano en mano. Estas innovaciones crearon una red normativa de mayor protección con respecto a los demás bienes. En sus propias palabras “como el Registro Conservatorio está abierto a todos, no puede haber posesión más pública, más solemne, más indisputable, que la inscripción”. Además, Bello al entender que proteger los inmuebles era lo mismo que resguardar los tesoros de las personas -y muchas veces su propia jubilación-, se dio la tarea de permitir el expedito entendimiento del ciudadano lego a las reglas y trámites que permiten la adquisición del dominio, lo que consiguió con destreza indiscutible.

Hoy, 160 años después de haber concluido su trabajo, rememoramos su labor no para hacer gala histórica de su técnica legislativa, sino que por motivos muchos más profundos. Es indispensable mantener el espíritu del codificador chileno, de regular la riqueza de la nación con normas claras, de fácil acceso a ciudadanía y que brinden seguridad jurídica al sistema. Porque la riqueza del país es el presente y futuro de todos los chilenos, y es el deber de todo Estado jurídicamente organizado, propender a la conservación e incremento de dicha riqueza.

¿Y dónde se encuentra actualmente la riqueza, que antaño residía esencialmente en la posesión de los bienes inmuebles? Hoy, 160 años después, Chile dejó de ser un país agrario y la ciudadanía dejó de medirse por las hectáreas inscritas en el Conservador de Bienes Raíces. El terrateniente y latifundista, luego de la tardía industrialización del país, se igualó en status social y económico a los incipientes empresarios de los sectores primarios, secundarios y terciarios de la economía. Para la segunda mitad del siglo XX las operaciones financieras permitían negociar grandes sumas de dinero sin la odiosa carga de trasladar valores de un lado para otro, lo que permitió un dinamismo mucho mayor en los mercados internos, así como el auge y caída de grandes negocios en poco tiempo.

Si bien las operaciones financieras entre particulares tienen un origen histórico tan antiguo como la República, y más formalmente en un sistema de mercado de valores desde finales del siglo XIX, no fue sino hasta la arremetida de los inversionistas institucionales al sistema y la apertura del mercado durante y post dictadura, que este sector fue indiscutidamente preponderante en el desarrollo económico de la nación. Si bien el sistema financiero ya había logrado desestabilizar en otras oportunidades al país (1929, 1982), el volumen de valores que actualmente se transa en los mercados de valores o que residen en las instituciones bancarias es de tal magnitud que no regular adecuadamente sus operaciones podrían poner en jaque la salud de la economía nacional. Con propiedad, se puede afirmar que la riqueza que se encuentra inmersa en el sistema financiero, que compromete incluso todas las pensiones de los trabajadores del país, es tanto o más importante, desde una perspectiva económica, que la suma de la propiedad inmobiliaria que se encuentra en manos de privados.

Dicho de otro modo, la riqueza del país está en el sistema financiero, y por consiguiente su protección jurídica es objeto de preocupación del poder público.

No obstante lo anterior, hay diferencias sustantivas entre un bien financiero y uno inmobiliario. El bien financiero, a diferencia del bien inmobiliario, no es palpable ni tiene una naturaleza material. La riqueza financiera es simbólica, son números en un ordenador que muchas veces ni siquiera tiene respaldo concreto o material. Efímera. Fácil de esconder y distraer. Estos bienes tampoco le representan una utilidad inmediata a su dueño y su subsistencia muchas veces depende de la credibilidad en el sistema bancario o en el mercado de valores. La destrucción total de valores por un cambio en la especulación es un riesgo real. La pérdida de un bien raíz en esos términos es casi imposible.

El problema. Esta riqueza tiene un ordenamiento, que a diferencia del estatuto normativo de los bienes raíces, es disgregado, esotérico e insuficiente.

Es disgregado desde dos perspectivas: una orgánica y otra jerárquica. Es orgánicamente disgregado, en el sentido de que la regulación financiera subsiste en distintos cuerpos normativos y está a cargo de distintas instituciones públicas, que por regla general, no conversan entre ellas. Y jerárquicamente disgregado en el entendido que estos distintos cuerpos normativos tienen fuerza jerárquica dispar, siendo algunas normas de rango legal y otras tantas de rango reglamentario.

Asimismo es una regulación esotérica, ya que su inteligencia solo se logra si el intérprete ha sido iniciado en una ciencia oculta. Lo que pretendo decir es que el lenguaje utilizado en la confección de dichos cuerpos normativos es eminentemente técnico y muy ajeno al sentido natural de las palabras, haciendo del ciudadano común por este solo hecho, un analfabeta financiero. El esfuerzo para permitir el acceso a la información es tan paupérrimo que es habitual encontrar terminología que ni siquiera ha sido traducida al idioma oficial de la nación. Además, desde un punto de vista jurídico, las palabras empleadas le pertenecen tan íntimamente a las finanzas corporativas que muchas veces ni siquiera son propias del vocabulario jurídico técnico empleado en el 90% de las cátedras de derecho del país.

Finalmente, la regulación existente es insuficiente. Esta característica, que muchos podrían decir que es valorativa, a juicio de quien suscribe tiene un origen en la política. El sistema financiero si bien le presta un servicio al Estado, sobre todo en asuntos internacionales, lo cierto es que su construcción nace de la iniciativa privada. Y más precisamente, de los sectores más acomodados de la economía, que incomodados con el transporte de valores, crearon figuras, instituciones e instrumentos simbólicos que empezaron a dar forma al sistema financiero. Crearon un lenguaje y un universo mitológico que solo era accesible a quienes pudiesen razonar bajo esos mismos códigos. Desde esa perspectiva podemos decir con propiedad que desde siempre las finanzas corporativas han sido sectarias, y la navegación por dichas aguas solo le resultaba natural a quienes provenían de las élites económicas de los pueblos. Es tan cierto lo que planteo que es habitual ver a todos los partidos políticos de la centro izquierda, más cercana a los sectores populares, restarse de las discusiones financieras, entregando la batuta a los sectores más conservadores, que por lo demás son adalides de la autoregulación. No me cabe duda alguna que esa es la razón que justifica las bajas penas en los denominados “delitos de cuello y corbata”, al punto de que es más grave, desde un punto de vista del quantum del castigo, robarse un automóvil que hacer uso de información privilegiada, teniendo en consideración que patrimonialmente suele ser (muchísimo) más gravosa esta última conducta que la primera. Si bien, justificar la insuficiencia de la normativa financiera me tomaría una extensión mayor de la que pretendo en esta columna de opinión, someramente diré que son dos los factores fundamentales que han colaborado a configurar esta característica: por una parte, el pilar fundamental de la regulación financiera sigue siendo la autoregulación, lo que se expresa en todos los cuerpos normativos y con especial énfasis, en la normativa que respecta a los Gobiernos Corporativos; y por otra parte la falta de un actor político en el diseño y puesta en marcha de los cuerpos normativos.

Esta forma de regular el sistema financiero crea una nebulosa jurídica difusa y de difícil acceso al ciudadano de a pie, ello a pesar de que día a día son sus ahorros los que se ponen en juego en el gran monopoly de las finanzas corporativas. No es de extrañar que poco a poco los grandes contribuyentes, esos que durante 15 años jamás tuvieron siquiera una fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos, cometan atrocidades tales que sea imposible seguir haciendo vista gorda por parte de la autoridad pública. Ya ocurrió en el caso Inverlink, en el caso La Polar y en el caso Cencosud. Ocurre en el caso Penta. En razón de lo anterior, es un deber del poder político realizar un esfuerzo real y concreto en configurar, simplificar y sistematizar una nueva regulación financiera.

En ese orden de ideas, y atendido a que las condiciones de la riqueza financiera son las mismas que la riqueza inmobiliaria a mediados del siglo XIX, la necesidad de codificar este sector de la economía es latente. Así, y solo así, el espíritu de Bello permanecerá vigente en el corazón normativo de la República.

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